José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda fueron encontrados en una precaria casa que usaban de escondite en el distrito de Iztapalapa, ciudad de México. Estaban prófugos desde el 29 de septiembre.
Por Florencia Aubain- @flor_aubain
Sus vínculos con el cartel Guerreros Unidos se revelaron a partir del asesinato y secuestro de los estudiantes normales de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre. El episodio dio a conocer a la opinión pública la violencia y corrupción que gobernaba en Iguala, especialmente desde que asumió la alcaldía en 2012.
El asesinato de 6 jóvenes y el secuestro de los 43 normalistas tomó estado nacional y reveló el oscuro pasado de la pareja involucrada en el hecho. Entre las denuncias previas, se encuentra el secuestro y tortura de Arturo Hernandez Cardona del Movimiento Unidad Popular, en junio de 2013.
Ahora el Gobierno apunta a la pareja, en un intento de dirigir toda la presión pública hacia un funcionario menor, cuando en los últimos días se habían extendido los pedidos de renuncia a Peña Nieto. Esta detención le da aire y le permite marcar con el dedo a los culpables intelectuales, mientras exhuman fosas para hallar a los estudiantes.
Mientras tanto, el PRD respira y demanda a la Procuraduría General de la República que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Aunque todavía tengan que explicar porqué un hombre con Abarca, investigado por diversos hechos de violencia, corrupción y vínculos con el crimen organizado haya salido de las filas de su partido.
Ahora, Peña Nieto busca el consenso para alcanzar un nuevo compromiso de reforma estructural de todas las esferas del Estado, el mismo que permitió que Abarca pidiera licencia y se diera a la fuga. Este nuevo acuerdo confirmaría el fracaso del Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas de México en diciembre de 2012.
Tuvieron que desaparecer 43 estudiantes para que empezara a removerse la tierra, para que aparezcan fosas con cuerpos calcinados que tal vez nunca puedan identificarse, fosas donde descansan cuerpos con compromisos de reforma. Pero habría que evaluar qué tan necesarios son estos compromisos para empezar a pulgar las instituciones, infectadas hasta la médula.
El Gobierno está cercado por los estudiantes movilizados, los familiares de los desaparecidos y la vista de los organismos internacionales, principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertada por las graves violaciones a los derechos humanos en México.
Ayer se llevó a cabo la tercera gran manifestación en el DF, encabezada por los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, alta participación estudiantil. De no alcanzarse una vía efectiva para resolver la crisis, la indignación podría alcanzar a otros sectores sociales que se solidarizan con la causa, pero que aún no están activamente movilizados.
Mientras tanto, de los 43 estudiantes desaparecidos, ni una pista. Se espera que de las declaraciones de Abarca y Pineda salga información concreta.
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