México: el Estado es responsable

Por @flor_aubain- Fuente El País

iguala_students_624x351_reuters

El peor desenlace aunque para nada inesperado, lo confirmó Jesús Murillo Karam,  Procurador General de La República. Según el testimonio de los Sicarios del Cartel Guerreros Unidos, los 43 jóvenes fueron ejecutados en un basurero en Cocula, Guerrero.

El fantasma de los desaparecidos se cierne sobre Iguala.  Las familias y los compañeros de los estudiantes no pueden conformarse con las últimas declaraciones. Aquellos  que con su activa movilización se negaron a dejar la causa sepultada e hicieron extensivo el reclamo de justicia a toda la sociedad hoy exigen la renuncia de Peña Nieto.

La masacre, que a primera vista parece un escándalo a la opinión pública internacional, se revela como un hecho común en un país donde no existe la plena vigencia del Estado de Derecho. Incluso lo brutal del hecho atravesó las fronteras, revelando una realidad bastante disonante con la que se inició el periodo de “reforma”, encabezado por el Pacto por México.

Buscando a los jóvenes de Ayotzinapa se toparon con 28 cuerpos más, fosas comunes. Ya pasó, y como pasó, volvió a pasar. Esta vez, los jóvenes no fueron abandonados al olvido, fueron demandados hasta que el horror salió a la luz. Pero no es un hecho aislado, es una cadena de violaciones sistemáticas, que hoy se localizan en Iguala, pero que recorre todo el territorio y las esferas del Estado.

Para los espectadores pasivos de un escenario incomprensible, esto aparecerá como el resultado de la ambición de poder inconmensurable de una pareja con vínculos con el crimen organizado. En cambio, para quienes viven la violencia estatal día a día, la diferencia con el caso Iguala sólo es la trascendencia, porque rompió el cerco de silencio que levantan los medios, dando una imagen de ilusión con las medidas de reforma anunciadas cuando inició la gestión de PRD.

Peña Nieto pende de un hilo. Todavía sueña con la posibilidad de enterrar hasta el mismo infierno a la pareja narcocriminal que gobernaba Iguala. Para dejar tranquilos a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa, anunció un gran Pacto Nacional, otro Pacto más para comprometer a todo el espectro político, con el objetivo de mejorar su imagen, en la mira de la sociedad asqueada de tanta violencia.

Sin embargo, parece que esta vez no sería acompañado por el resto del espectro político, según declaraciones de Cesar Camacho, dirigente del PRI. El fracaso del Pacto por México no motivaría otro compromiso de este tipo, a juzgar por sus resultados, meramente testimonial

La coyuntura actual requiere un poco más que la manifestación de la voluntad compartida por toda la clase política. La mentira se ha revelado, México no es el país de avanzada que presentaba planes de reforma y desarrollo. La estrategia de gestión basada en “Pactos” y “Compromisos” no ha resuelto los graves problemas de violencia institucional y corrupción.

Y a pesar de ello, el presidente abandonó un México conmocionado y movilizado para cumplir con la agenda de compromisos internacionales, que lo lleva a China y Australia. Mientras tanto, los padres de los 43 jóvenes normalistas, sin cuerpos que sepultar, se niegan a enterrar su lucha.

México: Peña Nieto busca acuerdos y las manifestaciones no cesan

 José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda fueron encontrados en una precaria casa que usaban de escondite en el distrito de Iztapalapa, ciudad de México. Estaban prófugos desde el 29 de septiembre.

ayotzinapa

Por Florencia Aubain- @flor_aubain

Sus vínculos con el cartel Guerreros Unidos se revelaron a partir del asesinato y secuestro de los estudiantes normales de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre. El episodio dio a conocer a la opinión pública la violencia y corrupción que gobernaba en Iguala, especialmente desde que asumió la alcaldía en 2012.

El asesinato de 6 jóvenes y el secuestro de los 43 normalistas tomó estado nacional y reveló el oscuro pasado de la pareja involucrada en el hecho. Entre las denuncias previas, se encuentra el secuestro y tortura de Arturo Hernandez Cardona del Movimiento Unidad Popular, en junio de 2013.

Ahora el Gobierno apunta a la pareja, en un intento de dirigir toda la presión pública hacia un funcionario menor, cuando en los últimos días se habían extendido los pedidos de renuncia a Peña Nieto. Esta detención le da aire y le permite marcar con el dedo a los culpables intelectuales, mientras exhuman fosas para hallar a los estudiantes.

 Mientras tanto, el PRD respira y demanda a la Procuraduría General de la República que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Aunque todavía tengan que explicar porqué un hombre con Abarca, investigado por diversos hechos de violencia, corrupción y vínculos con el crimen organizado haya salido de las filas de su partido.

Ahora, Peña Nieto busca el consenso para alcanzar un nuevo compromiso de reforma estructural de todas las esferas del Estado, el mismo que permitió que Abarca pidiera licencia y se diera a la fuga.  Este nuevo acuerdo confirmaría el fracaso del Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas de México en diciembre de 2012.

Tuvieron que desaparecer 43 estudiantes para que empezara a removerse la tierra, para que aparezcan fosas con cuerpos calcinados que tal vez nunca puedan identificarse, fosas donde descansan cuerpos con compromisos de reforma. Pero habría que evaluar qué tan necesarios son estos compromisos para empezar a pulgar las instituciones, infectadas hasta la médula.

El Gobierno está cercado por los estudiantes movilizados, los familiares de los desaparecidos y la vista de los organismos internacionales, principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertada por las graves violaciones a los derechos humanos en México.

 Ayer se llevó a cabo la tercera gran manifestación en el DF, encabezada por los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, alta participación estudiantil. De no alcanzarse una vía efectiva para resolver la crisis, la indignación podría alcanzar a otros sectores sociales que se solidarizan con la causa, pero que aún no están activamente movilizados.

Mientras tanto, de los 43 estudiantes desaparecidos, ni una pista. Se espera que de las declaraciones de Abarca y Pineda salga información concreta.

México: el Caso Iguala es un asunto nacional

mexico

Masivas Movilizaciones inundan las calles exigiendo la aparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de  Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. En el mismo episodio asesinaron a otros 6 jóvenes e hirieron a más de 20.

por @flor_aubain

Cerca de cumplir un mes de la emboscada de la policía municipal a los estudiantes de la Normal, las movilizaciones no se detienen.  Ayer la gran jornada nacional de manifestaciones en México ha dejado un escenario que expresa furia e impotencia: El incendio de la Alcaldía en Iguala, Municipios ocupados, bloqueos y marchas masivas.

Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas de una detención arbitraria de la policía municipal, que el 26 de septiembre interceptó el autobús en el que se trasladaban los “normalistas”. Según las autoridades que intervienen en la investigación, habrían sido entregados a sicarios del cartel “Guerreros Unidos”.  Los jóvenes organizaban una marcha para el 2 de octubre en la Capital para reivindicar la lucha de los estudiantes masacrados en 1968 en Tlatelolco.

Además, la búsqueda de los estudiantes ha revelado una realidad que estremece a toda la sociedad,  y tiene que ver con la administración estatal de la violencia.  La investigación de la Fiscalía de Guerrero ha revelado el hallazgo de fosas comunes con 28 cuerpos calcinados, se presume que fueron quemados vivos.

No es un problema local. No sólo el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hoy prófugos de la justicia y con orden de captura, deben responder. La deliberada demora en emitir las detenciones que permitieron la fuga de Abarca evidencia la complicidad en todas las esferas del Estado.

Iguala  es el último eslabón de una cadena de complicidades, favores, trabajo mancomunado y  corrupción en todos los niveles del Estado. Iguala reveló a todas luces el ejercicio de un  narcogobierno. El narcotráfico esta enquistado en todos los niveles de la administración.  La institucionalización de las organizaciones criminales en las estructuras estatales expresa la larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos en México. Estalló con la masacre de Iguala, pero  tiene una historia que atraviesa los gobiernos del PAN, el PRI y el PRD. Y la sociedad mexicana no ha respondido con pasividad espectadora, por el contrario, ha convertido el caso Iguala en un asunto nacional.